Todo remedio tiene sus contraindicaciones. El de la cuarentena total consiste en que incrementa el riesgo de maltratos hogareños. Dos juezas de Familia de turno durante el “asueto extraordinario”, Valeria Brand y Mariana Rey Galindo, advirtieron que el confinamiento en las casas exacerba o precipita la violencia doméstica. Y añadieron que, para evitar los daños colaterales de la medida preventiva del coronavirus, era esencial transmitir este mensaje: “las víctimas no están solas ni siquiera en esta situación excepcional de aislamiento. Ante episodios de abuso, deben llamar a los organismos de apoyo y a la Justicia”.
La posible incubación de un brote de violencia doméstica está en el tope de la agenda de conflictos que maneja el Poder Judicial, que el viernes habilitó la tramitación telefónica de los “asuntos extremadamente graves”. Ese canal de atención restringido, y los mostradores “físicos” de los juzgados de Familia y penales recibieron un número preocupante de denuncias de maltrato de distinta índole que, según las proyecciones de las magistradas consultadas, tenderá a subir en la medida en que se prolongue el aislamiento.
“Sería dramático que, en el afán de detener el Covid 19, haya femicidios”, reflexionó la jueza Brand, que cumple el turno en la capital. Y añadió que, desafortunadamente, para muchas familias la perspectiva de no poder salir de la casa resultaba un infierno. “Estar juntos debería ser algo placentero, pero la realidad indica que el encierro desata la violencia física, psíquica, emocional y verbal. La misión de la Justicia en estas circunstancias tan excepcionales es buscar soluciones para la gente que está acorralada entre la pandemia y la violencia, y, en especial, proteger a los chicos”, opinó ayer por teléfono. Además de estar atentos a los episodios de golpizas y amenazas, Brand precisó que había que prestar atención al pago de los alimentos en circunstancias de estrechez material.
La crisis económica y la pandemia componen un escenario muy favorable para la violencia, según Rey Galindo, jueza de Monteros. “Estamos evaluando las denuncias y dictando las medidas cautelares necesarias para preservar la integridad física de los ciudadanos. La única diferencia con la actividad normal del juzgado es que usamos todos los medios tecnológicos que tenemos a nuestro alcance para evitar los traslados de las partes y del personal de la Justicia”, comentó. Al respecto, la magistrada acotó que había autorizado al juez de Paz de Amaicha del Valle, Marcelo Alfredo Martínez, a tomar las medidas para evitar o hacer cesar la violencia doméstica en su jurisdicción, y explicó que ella iba a homologarlas a la distancia mediante correo electrónico, teléfono y WhatsApp.
Vulnerabilidad mayor
La cuarentena general impide resolver provisoriamente el maltrato doméstico con el método tradicional de separar a víctimas y victimarios: puede ocurrir que un grupo familiar sólo disponga de una casa para cumplir con el encierro dispuesto por razones sanitarias. O que en una vivienda muy precaria convivan numerosos parientes. Rey Galindo manifestó que, en esos casos, había que acudir a la solidaridad de vecinos, familiares y amigos, o bien disminuir las distancias de las restricciones de acercamiento y aumentar las consecuencias para el supuesto de violación. “Se puede disponer que las partes guarden entre sí 10 metros, además de prohibir las otras formas de hostigamiento”, ejemplificó durante un diálogo telefónico.
Brand consideró que era imperioso contrarrestar el miedo a quedar a expensas de los acosadores y de quienes podrían atacar aprovechando que la Policía está concentrada en lograr que la sociedad acate la orden de no salir a la calle. “La vulnerabilidad es mayor que de costumbre por eso nosotros estamos en guardia y tomaremos las decisiones que hagan falta para resguardar la vida. Es esencial que la sociedad denuncie la violencia”, insistió.
Otro efecto de la cuarentena es la dificultad y, en algunos supuestos, imposibilidad de cumplir con los regímenes de comunicación entre los hijos y los progenitores con los que no conviven. La adaptación de estos esquemas de contacto tendrá que esperar, en principio, el fin del “asueto extraordinario” declarado por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán hasta el 31 de marzo inclusive. Como el alto tribunal suspendió los plazos procesales y administrativos, las restricciones de acercamiento y otras medidas de protección de persona dictadas antes del confinamiento continuarían vigentes mientras una decisión judicial no especifique lo contrario.